Las volteretas de Spaccavento
Las denuncias de violación física y de los derechos humanos de las pacientes internadas en el hospital Braulio Moyano, la aplicación clandestina de protocolos de investigación farmacológica, una supuesta red de prostitución, determinaron que el secretario de salud porteño Donato Spaccavento decidiera la intervención y el desplazamiento del director del hospital, y un ataque al conjunto de los trabajadores del hospital -profesionales y no profesionales- elevándolos a la categoría de cómplices de estos hechos.
Al mismo tiempo el secretario sancionó la resolución 2002 que determinaba la creación del programa de atención e internación de pacientes con trastornos mentales severos, en 10 hospitales generales de agudos y en los centros de salud y acción comunitaria barriales (CESAC). La resolución la 2002 no brindaba ninguna solución al problema de la cronificación de los pacientes internados en los neuropsiquiátricos (Borda, Moyano y Tobar García), apuntaba a la “atención” de los casos agudos o re-agudizados.
Las denuncias son una pantalla de humo. No son nuevas. El gobierno de la ciudad las conocía perfectamente. Es él mismo, el responsable de no haber sancionado a los involucrados y de mantener el estado catastrófico en que se encuentran los hospitales neuropsiquiátricos. En lugar de atacar a los trabajadores y rasgarse las vestiduras por el estado de las pacientes hay que denunciar al gobierno del ex Ibarra /Tellerman, gestor de las condiciones de desamparo y oprobio a las que son sometidas, desde hace años, las pacientes allí internadas.
El Cromañon de la salud mental es consecuencia directa de la política sanitaria de un gobierno que privilegia la privatización de la salud y la aplicación de los lineamientos sanitarios que determinan el Banco Mundial y el FMI, esto es, la desmanicomialización a través del ajuste presupuestario, la re-distribución de las áreas remanentes rentables mediante la transferencia de recursos del estado a los privados (clínicas privadas, ONGs, fundaciones), la reducción de personal, la falta de nombramientos y la permanencia de miles de profesionales ad honorem. Y otro objetivo no menor de este y todos los gobiernos patronales: utilizar los invalorables predios del Moyano y el Borda –“áreas vacantes” en los proyectos de la Corporación del Sur – para la especulación inmobiliaria.
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