El programa del gobierno para salvar a la industria farmacéutica
La quiebra del estado en el 2001 y la devaluación del 300% del peso, provocó una crisis política sin precedentes y sumergió en la pobreza y el desempleo al 50% de la población del país.
Los efectos en el mercado de medicamentos e insumos de salud no se hizo esperar, y el desabastecimiento y la escalada de precios que corrieron detrás de la devaluación, llevó a la dolarización.
La declaración de la emergencia sanitaria nacional en marzo de 2002, por el gobierno de Duhalde y su ministro de Salud González García, dio paso a la implementación de una política nacional de medicamentos, sustentada en la prescripción por nombre genérico, el Programa Remediar y la extensión de la cobertura al 70% para las enfermedades crónicas.
Fundamentalmente, la prescripción por nombre genérico fue dirigida a promover la competencia de precios, originando un mercado de segundas marcas (en oportunidades comercializadas por las mismas empresas farmacéuticas poseedoras de los derechos de propiedad del medicamento original) y copias o similares, carentes de la licencia del original.
En realidad, los medicamentos genéricos son aquellos que sólo pueden comercializarse una vez que la patente original ha caducado.
Tal como lo señala el propio Ministerio de Salud, en Argentina no existen los medicamentos genéricos. El mercado Argentino está compuesto en casi su totalidad por "copias".
La política nacional de medicamentos constituyó un rescate a la industria de medicamentos frente a la caída abrupta del consumo, dirigido a recomponer las ganancias de los industriales, otorgándoles la posibilidad de introducir en el mercado local, una segunda línea de los mismos medicamentos con un precio diferencial, conservando el segmento de precios más altos para los sectores de mayores ingresos, recuperando las ventas en los amplios sectores medios y bajos profundamente golpeados por la pobreza y el desempleo.
También habilitó un mercado de copias, que benefició a los industriales locales, incapaces tecnológicamente de producir especialidades medicinales innovadoras.
En conjunto, recompuso a los industriales, tanto a las empresas transnacionales como a las industrias locales, preservando en todos los casos la propiedad de la patente del producto farmacéutico.
A pesar de haber apelado a los laboratorios de medicamentos de propiedad estatal, para incrementar su capacidad productiva, el desabastecimiento de medicamentos e insumos en la salud pública, puso al descubierto el retraso de las condiciones de producción o directamente su inexistencia.
El Ministerio de Salud dirigió su accionar a la reconversión de las actividades productivas de las plantas, en todo caso, a desarrollar la estrategia de arreglarse con lo que podamos ("fomentar la especialización de un único tipo de producción y limitada a un número escaso de drogas").
En este escenario el Ministerio lanzó el Programa Médico Obligatorio de Emergencia.
El PMOE es un programa de prestaciones esenciales que deben garantizar los agentes del seguro de salud y el PAMI, mientras persista la situación de emergencia sanitaria.
Las prestaciones básicas esenciales son aquellas necesarias e imprescindibles para la preservación de la vida y la atención de las enfermedades para los beneficiarios del sistema de seguro de salud y el PAMI.
También se implementó un precio de referencia de insumos y medicamentos críticos (precio promedio), que es cubierto parcialmente por las aseguradoras de salud, que deben reconocer un mínimo del 40% del precio de referencia del principio activo fijado, sin estar vinculado el descuento al precio final del medicamento.
El gobierno buscó recomponer el sistema de extracción de ganancias del producto comercializado, quebrado por la recesión y la pobreza, y tal como lo señala el Ministerio de Salud, "colocando la presión financiera sobre los consumidores y/o prescriptores de medicamentos", dejando a los industriales a salvo.
Pero no fue todo.
Los agentes del seguro de salud sólo reconocieron el financiamiento obligatorio de los productos que previamente fueron definidos en el Formulario Terapéutico Nacional, básicamente dirigido a la consulta ambulatoria, que originó una canasta de medicamentos que se combinó con la política de prescripción por nombre genérico.
En definitiva se recomponían las ganancias de los productores de medicamentos, sin afectar la propiedad de las patentes, introduciendo un mercado de segunda línea y de copias, estableciendo un precio promedio y limitando la cobertura al 40% en la compra de medicamentos, haciendo recaer la estabilidad del precio, en los médicos y sus pacientes.
A partir del 2002 se creó el Programa Remediar, que es un programa de medicamentos esenciales, basado en un modelo de atención primaria, para pobres o población sin cobertura de obra social.
Los medicamentos esenciales son aquellos que deben hallarse disponibles en todo momento en las cantidades adecuadas y en las formas farmacéuticas que se requieran, y a un precio asequible para las personas y la comunidad (OMS 1999)
Remediar es un programa de distribución gratuita a través de los Centros de Atención Primaria, dirigido a quienes no pueden comprar los medicamentos, compuesto por 54 presentaciones medicamentosas del listado de medicamentos esenciales de la OMS, que responden a las necesidades del 80% de las consultas de atención primaria.
Estos medicamentos fueron distribuidos a través de botiquines que contienen entre 240 y 400 tratamientos. Su contenido determina la existencia de distintos modelos de botiquín.
La propia lectura de los boletines Remediario, da cuenta de la insuficiente provisión de medicamentos entregados y de la falta de stock.
Pero lo verdaderamente importante respecto a los medicamentos esenciales, tal como lo hemos señalado anteriormente (Tribuna de Salud Nº 11 Mayo 2006), es que el listado de medicamentos esenciales es una estrategia de medicamentos para pobres, y una muestra de la política de adaptación a lo que se puede, a lo que hay, sustentada por la OMS, siendo en verdad una falsa opción para resolver la inaccesibilidad a los productos farmacéuticos. La ecuación costos - pobreza en cada país, termina determinando qué medicamentos integran la lista de esenciales.
Por otro lado, la extensión de la cobertura al 70%, ya señalábamos en el 2005 que significaba un motor de crecimiento de la industria farmacéutica Argentina, que ya acumulaba una recuperación del 20% , según informaba Telam (Tribuna de Salud Nº 10 Noviembre 2005).
Nuestra posición
Las medidas adoptadas a partir de la crisis del 2001 y en particular la Emergencia Sanitaria (aún vigente) son herramientas para la recomposición de las ganancias de los propietarios de la industria farmacéutica, afectados por la recesión y la caída del consumo a partir de la devaluación del 2001.
La dolarización de los precios de los medicamentos e insumos y la política de salvataje ideada por el gobierno de Duhalde y González García, continuada por Kirchner y el mismo García, fue plasmada en el Plan Remediar y en el PMO/E, beneficiando a las compañías productoras de medicamentos, nacionales y extranjeras, creando un mercado para pobres, con medicamentos y prestaciones para pobres.
Desde el Partido Obrero sostenemos que la salida a la crisis sanitaria debe estar dirigida a:
- La producción estatal de medicamentos, indivisible de una política que enfrente los intereses de las industrias de especialidades medicinales nacionales y extranjeras, desconozca las protecciones establecidas por las leyes de patentes, asegure la provisión de los puestos de trabajo para su producción, cuente con el financiamiento presupuestario irrestricto, asegure la biodispobilidad y la bioequivalencia de los medicamentos producidos, esté orientada a garantizar la cobertura sanitaria de las enfermedades de la población del país (regionales, generales, endémicas) y que sea dirigida por un comité científico integrado por representantes de los claustros docentes y de los laboratorios de las Universidades Estatales de todo el país, profesionales y técnicos de la salud bajo control de los trabajadores.
- El cumplimiento de una política de salud pública, estatal, gratuita, de acceso universal, y que debe empezar por triplicar el presupuesto de salud, terminar con la flexibilización laboral de los trabajadores de la salud, otorgar el pase a planta permanente de todos los trabajadores, anulando todas las modalidades de empleo precario, cubriendo todas las vacantes de cargos vacantes y el llamado a concursos, abasteciendo de todos los insumos necesarios a los hospitales y centros de salud y la manteniendo y ampliando el recurso físico, ante la demanda creciente de la población.
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