Neuropsiquiátricos, Desmanicomialización o negocio capitalista...

Jorge Pachamé
El  hospital  neuropsiquiátrico Braulio Moyano es nuevamente noticia. Esta vez, no por un derrumbe, la clausura de un pabellón (se han cerrado el 50% de los que cuenta) o las condiciones de hacinamiento y barbarie en que son alojadas las pacientes allí internadas, sino por las denuncias de la aplicación de protocolos de experimentación no autorizados, actos de violación y hasta una supuesta red de prostitución...
El  martes 20/12 el Secretario de Salud porteño Donato Spaccavento, intervino por 180 días el  hospital, separó de su cargo al entonces director Néstor Marchant y lo reemplazó por Pablo Berretoni actual Director de Salud Mental de la ciudad, un hombre del kirchnerismo...

Spaccavento denunció que Marchant era el responsable de que en el hospital las pacientes fueran sometidas a pruebas de experimentación farmacológica no autorizadas y que el o los laboratorios (Pfizer) a los que no individualizó pagaban 6000 dólares por paciente.

En la misma línea, el interventor Berretoni precisó a Pagina 12 (23/12) ... la denuncia por protocolos de investigación efectuados ilegalmente sobre pacientes involucra a unos 12 médicos del hospital, y desde luego compromete a  Néstor Marchant como director ...
La denuncia de la experimentación con pacientes psiquiátricas resulta aterradora, pero no es mas que la punta del iceberg, de una practica generalizada que es  avalada habitualmente por los comités de ética e investigación hospitalarios.
El Dr. Spaccavento conoce perfectamente el tema. Durante su gestión, como director del  hospital Cosme Argerich, avaló el protocolo de investigación del laboratorio Schering -utilización de Interferón pegilado versus placebo- que se aplico a pacientes portadores de cirrosis hepática por virus de la  hepatitis C. Por cada  paciente ingresado al protocolo el laboratorio abonaba 52.000 dólares.(sic). Ese protocolo de “investigación”  fue suspendido por la denuncia presentada por médicos hepatólogos de ese hospital,  los que como consecuencia de la misma fueron trasladados del hospital y motivo la presentación de un Proyecto de Resolución (Expediente Nº 181-D-03) por el bloque del Partido Obrero en la  legislatura porteña el 12 de febrero de 2003.
Marchant preside desde 1993 la Asociación Argentina de Psiquiatras. Representa el interés de quienes se oponen a la Ley de Salud Mental Nº 448, no por sus aspectos  criticables o negativos, el enfoque  privatista de la salud mental presentado bajo el ropaje “progre” de la desmanicomialización... sino porque choca contra sus propios intereses, la libre elección de los cargos de conducción (Art. Nº 12, de la ley 448) y las prebendas económicas de los laboratorios.
Marchant ha permanecido veinte y dos años al frente del Moyano, es la tercera vez que es acusado y separado de su cargo y como reconoce el propio Spaccavento.. siempre regresó por falta de pruebas para incriminarlo (sic)... Es indudable que en su extensa gestión, ha establecido sólidos lazos con la  secretaría de salud  porteña, los laboratorios,  el  sindicato de médicos municipales y la delegación gremial de ATE del hospital. Si el ex director es lo que el secretario de salud porteño afirma, el gobierno de la ciudad ha sido cómplice de toda esta podredumbre.
A pesar de que las denuncias por abuso sexual ya estaban mencionadas en un informe de la Defensoría del Pueblo del año 1999, el interventor Berretoni reconoce ...dos miembros del personal, sumariados y denunciados penalmente por violaciones a pacientes, siguen trabajando en el hospital, nos proponemos trasladarlos a otra institución y, si es posible, dejarlos en disponibilidad...(Clarín 22/12) es el gobierno porteño, nuevamente el que ha mantenido la situación en stand by.

De la intervención distraccionista al cierre de los neuropsiquiátricos

La intervención dispuesta por Spaccavento es la pantalla de una maniobra liquidacionista, destinada al cierre de los hospitales neuropsiquiátricos Borda, Moyano y Tobar  García.
Al asumir como interventor Berretoni admitió que en la ciudad no se cumple la Ley 448 de Salud Mental y al mismo tiempo se acaba de fundar en la Universidad Popular de las Madres el Movimiento Social de Desmanicomialización
Para los integrantes de este novel agrupamiento “transversal” el problema radica en que  los  hospitales psiquiátricos ...”funcionan como embudos adonde van a parar pacientes para cronificarse, sostenidos por entidades de profesionales y por los intereses de la industria farmacéutica”.
La concepción de la salud mental y de las  personas  con trastornos mentales en el  régimen capitalista no es cuestionada...tampoco el accionar inescrupuloso de los pulpos farmacéuticos.
El  deterioro sistemático de los hospitales neuropsiquiátricos, sin presupuesto, sin personal, sin innovaciones terapéuticas adecuadas, es la expresión mas acabada de esta política liquidacionista de la salud  mental estatal y de privilegio y transferencia de recursos del estado a los privados. Mientras la  demanda  de atención y las personas  con trastornos mentales aumentan la inversión en salud  se reduce. Ejemplo de esta política es la reducción sostenida de personal. El Moyano contaba  con 1250  trabajadores del escalafón general  en 1976, 1050 en 1984, 900 en 1990 y 700 en el 2001.
La resolución  Nº 2002, del secretario de salud del 09/11/05 (Boletín Oficial Nº 2328) se orienta en  esta concepción ideológica, apunta al cierre de los neuropsiquiátricos y establece la creación del ...Programa de atención comunitaria de pacientes con trastornos mentales  severos”... trasladando la atención de los pacientes con graves trastornos mentales a los CESAC (centros de salud y acción comunitaria barriales) y la internación hasta un máximo de 20 días, solo de casos agudos o re-agudizados en hospitales  generales de agudos (10 a 20 camas por hospital) o en el Alvear, orientado al paciente psicótico  agudo (100 camas).
Es  necesario aclarar que el sistema de salud  mental de la ciudad cuenta actualmente con 2425 camas de internación ocupadas en un 100%, y el programa propuesto plantea solo la atención y tratamiento de nuevos casos, es decir la patología mental aguda y no da ninguna solución para los crónicamente internados.
Defensa de los derechos de los pacientes o profundización de la política privatizadora
El camino de la desmanicomialización se inicio con el traslado de las primeras 112 internadas del Moyano, el cierre de 9 de los 20 pabellones del hospital y el negocio de los capitalistas, 24 clínicas privadas que facturan $ 3000.- por mes  por  paciente (sic)
Detrás de toda la  verborragia pequeño-burguesa se oculta este objetivo estratégico,  disminuir el presupuesto de salud mental y organizar todos los negocios rentables de la re-inserción del paciente para beneficio de las ONGs, fundaciones y los centros privados (clínicas, hospitales de día, talleres, hostales, granjas, empresas sociales).
El programa va a fondo. No solo ajusta el presupuesto (mal “gastado” para el secretario de salud), fundamentalmente reduce los planteles de trabajadores, de los casi 1400 profesionales (psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y terapistas ocupacionales) solo podrían ser reubicados el 50 % en los  CESAC y del personal  del escalafón general  menos del 30% de los 1700 con que cuentan los tres hospitales. Además no han sido incluidos los miles de que  se desempeñan ad honorem y que con su  esfuerzo individual sostienen al sistema  público de salud de la ciudad.
La desmanicomialización encuadra como anillo al dedo en los planteamientos de ajuste del  gasto estatal y privatización de la salud que impulsan los usureros internacionales, el FMI y el Banco Mundial y toma la hipócrita forma de “integración” comunitaria y “defensa” de los derechos de los pacientes en los programas de la OMS y OPS.

Los neuropsiquiátricos municipales son verdaderos cromañones sanitarios y las paupérrimas condiciones en las que son alojados los pacientes allí internados, son consecuencia de las políticas de ajuste presupuestario, flexibilización laboral, falta de personal y déficit de insumos y medicamentos...es decir de las  políticas de salud del gobierno del ex jefe comunal A. Ibarra, sus antecesores y sus herederos. Es la concepción ideológica de un régimen, que concibe a los hospitales de salud mental como asilos y a los pacientes neuropsiquiátricos como marginales y excluidos...

Por otra parte cerrar los  neuropsiquiátricos es un viejo anhelo de la Corporación del Sur que se relame con los beneficios de la explotación inmobiliaria de esos  predios. Proyecto Corredor Verde Sur -áreas vacantes hospitalarias- que incluye los terrenos de los actuales hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Rawson, 30 hectáreas del sur de la ciudad para el lucro de los capitalistas...

No a la intervención, no al cierre, no a los despidos...

Abajo la política de privatización de la salud del gobierno porteño

Para frenar la intervención y el cierre de los neuropsiquiátricos hay que movilizar a los trabajadores. La  desinstitucionalización y la re-inserción de los pacientes crónicamente internados no va ser resuelta por el régimen que la genera. La ley 448 en ese sentido no ha brindado ninguna solución. El  gobierno de la ciudad es el responsable de la salud y del estado en que  se encuentran los pacientes internados en los  neuropsiquiátricos.
Toda reforma debe  partir de la triplicación del presupuesto de salud, el nombramiento de personal y la incorporación  con salarios de convenio de los  miles que  trabajan  ad honorem.
Ningún traslado sino se construyen primero los centros estatales necesarios (hospitales de día, talleres de capacitación y rehabilitación, hostales, familias sustitutas, etc).
Reclamemos
Reorganizar los hospitales  de salud mental y el presupuesto del  área bajo control de los trabajadores
Comisión Investigadora Independiente integrada por profesionales, no profesionales y familiares de los pacientes para evaluación de las denuncias y castigo de los responsables.
Subsidio o salario, alojamiento y asistencia medica, psicológica, social, y de rehabilitación integral de los pacientes crónicos a cargo del estado.
Ninguna prebenda o contrato con ONGs, fundaciones y clínicas privadas.
Iniciar demandas judiciales  por parte de los damnificados o sus representantes legales en contra de los laboratorios responsables.
Para  garantizar  estos  reclamos hay que convocar a la asamblea general hospitalaria conjunta de profesionales y no profesionales de todos  los gremios  y  asociaciones y votar un plan de lucha único. Hay  que  ganar  las  calles. Organizar un marcha  blanca  a la  jefatura de gobierno porteño, por la defensa  del sistema estatal de salud mental, el no  cierre de los  hospitales  neuropsiquiátricos, la triplicación del  presupuesto de salud -bajo  control de los trabajadores- y  el rechazo a la  política de privatización de las áreas y estructuras sanitarias rentables.